En estos días, en la Argentina hemos asistido a la aparente corrección de un defecto de nuestro sistema económico: el subsidio a las tarifas de los servicios básicos. Como dijera la funcionaria del área, esta corrección busca “reducir el déficit fiscal”, o sea, equilibrar las cuentas del Estado a partir de reducir sus gastos.
La naturalidad de estos argumentos, ya anticipados por el gobierno anterior con la convincente y falsa consigna de que “nadie puede consumir lo que no paga”, hace sentir a la sociedad en falta respecto a estos años donde el Estado invirtió recursos para el bienestar de su población.
Que la sociedad sienta culpa porque las tarifas de servicios públicos estuvieron subsidiadas no es una operación inocente. No apunta tanto a criticar la manera en que se lo hizo, sino a dejar en claro que las relaciones sociales deben regirse exclusivamente por la cantidad de dinero de la que cada uno individualmente puede disponer. Esa es la esencia del neoliberalismo, aunque discursivamente se lo critique.
No está en discusión aquí si el presupuesto del Estado debe o no ser deficitario. Claro está que cuando se gasta más de lo que ingresa, antes o después aparece el problema de “la deuda”: el tema es en qué se gasta y cómo se obtienen los ingresos para solventar esos gastos.
El mal llamado “subsidio a las tarifas” tenía como destinatarias a las personas, mientras que la eliminación de dichos aportes del Estado tiene como sujeto al “déficit fiscal”, el que no necesita ni de la electricidad, ni del gas ni del agua.
A esta altura del siglo XXI, el acceso a fuentes de energía o a agua saludable parece inscribirse dentro de los derechos humanos básicos. Son recursos producidos socialmente a partir de bienes comunes como lo son las riquezas del subsuelo, la potencialidad del curso de los ríos, la fuerza de las mareas marinas o la existencia del viento. Vivir en el mismo planeta nos hace acreedores de la utilización que la ciencia y la técnica ha logrado a partir de esos bienes, y los Estados pueden decidir cómo se pagan esas acreencias.
No parece, contrariamente a lo que se le quiere hacer creer a la sociedad, que el aporte del Estado a esos consumos básicos sea malo. Lo inadecuado puede ser un sistema de subsidios indiscriminado o su corrección, como en el caso actual, en base al reconocimiento de una sociedad estamental: “demuestre usted que es lo suficientemente pobre y entonces le haremos un pequeño descuento”.
Por el contrario, una solución innovadora sería establecer, teniendo en cuenta las capacidades actuales de la sociedad, cuál es el consumo básico que se puede garantizar a todos los habitantes: cuántos kilowatts, cuántos metros cúbicos de gas, cuántos litros de agua. Ese consumo no sólo podría estar subsidiado, podría ser absolutamente gratis independientemente de la condición de vida de las personas, sean estas las de la pobreza o las de la riqueza.
De esta manera también se atendería a la preocupación de cierto ecologismo que ve en el aumento de las tarifas una manera de preservar los recursos naturales del planeta. Las dificultades de acceso que esos nuevos precios representarían para la capacidad de consumo de las personas lo único que lograrían es la generación de una mayor desigualdad social: mientras efectivamente una mayoría de la población deberá restringir su bienestar, los más favorecidos podrán seguir depredando a partir de su capacidad de pago.
Como se verá, cuando se trata de decisiones del Estado, el problema siempre será el “para quién” y no el “para qué”. En el tema que nos ocupa, éste último queda bien explicado con el anhelo de reducir el déficit fiscal, pero, cuando el para qué reemplaza al para quién, se esfuminan las diferencias entre los distintos proyectos políticos y emerge sin pudor el leitmotiv de nuestra cultura: garantizar ganancias a empresas e inversores, independientemente de los efectos que eso tenga en la vida humana o del planeta.
Así que, no parece haber motivo para sentirnos culpables por haber sostenido aportes del Estado a las tarifas de servicios básicos, aunque la manera en que se lo haya hecho sea perfectible. Las sociedades modernas son un complejo sistema de subsidios cruzados, la mayoría de los cuales están destinados a las empresas, como el “dólar-soja”, para dar sólo un ejemplo de nuestros días.
En esta pelea entre verdades ineluctables que cantan, como sirenas desafinadas, los organismos financieros internacionales y la vida cotidiana de todos nosotros, no te dejes engañar: ninguna idea económica tiene sentido si no produce como resultado la mejora de la vida humana.
Nunca olvides que, como dijera sabiamente el John Donne de Ernest Hemingway, al fin de cuentas, “las campanas doblan por ti”.
Agosto de 2022. emiliopauselli@gmail.com