La noche de los lápices fue el nombre que se le puso a la terrible experiencia vivida por la sociedad platense cuando, en el año 1976, diez adolescentes que participaban de un reclamo por el boleto estudiantil fueron secuestrados, torturados y seis de ellos asesinados por las fuerzas represivas de esa época.
Se los consideró ”subversivos”, cuyo equivalente actual sería “terroristas”, por desear que un precio diferenciado en el transporte de colectivo permitiera aún a los jóvenes más humildes concurrir a la escuela secundaria.
¿Cuándo si no a esa edad pueden las personas soñar con un mundo mejor e intentar hacer algo para lograrlo?
Cambiando las formas y los relatos, hoy estudiantes de la ciudad de Buenos Aires reclaman por un refrigerio más sustancioso para aquellos que deben permanecer todo el día en la escuela y la modificación de un régimen llamado de “pasantías” que los obliga a trabajar gratis para distintas empresas sin aportarle ninguna perspectiva formativa.
La respuesta, sorprendentemente, es la misma: en aquella lejana época se encomendó a la policía de la provincia de Buenos Aires que resolviera el problema. En la actualidad se le hace el mismo pedido a la policía de la ciudad de Buenos Aires, la que, violando la ley, filma y fotografía a los estudiantes que participan de la protesta, acosa y amenaza a sus familias y trata el pedido de los estudiantes como un delito.
Hubiera sido mucho más sencillo instaurar un boleto estudiantil, o mejorar las viandas destinadas a la alimentación de los estudiantes, pero nada de eso se hizo ni se hace. La idea de república que se tiene parece no incluir el derecho a reclamar, como tampoco lo incluía el gobierno cívico militar que usurpó el poder en aquella oportunidad.
¿Cómo es posible que autoridades legítimamente electas se comporten de la misma manera que aquellas otras? ¿Cómo no se transforma en rédito electoral la resolución de los problemas que, en este caso, los estudiantes señalan? ¿Cómo llega el gobierno porteño a confundir eficiencia con obediencia?
La orientación ideológica de los funcionarios implicados no alcanza a ser una explicación completa de este extraño fenómeno. Su conducta sería imposible de imaginar si no existiera una parte de la sociedad que reclama “orden” a como dé lugar. Es la misma a la que le parece apropiado la solución propuesta de “meter bala” a los trabajadores del neumático que reclaman aumento de salarios. Es un extraño fenómeno en el cual personas que sufren los problemas de toda la sociedad, reaccionan violentamente y piden violencia cuando otro grupo de la misma sociedad reclama por los mismos problemas.
Tampoco puede explicarse la reacción de las autoridades por su preocupación por la educación. Cualquier persona bien informada sabe del deterioro de la escuela pública en la ciudad, empezando por la crisis permanente de vacantes, los recurrentes problemas edilicios y la pérdida de horas de clase por la falta de docentes contratados. No hay que olvidar que son las mismas personas que lamentan que la población “deba caer en la escuela pública”.
Pero, nuevamente, en este caso, nos encontraremos con quienes aprecian que se le diga que todo está bien y confunden el hecho de que los jóvenes pasen muchas horas y muchos días en la escuela, con el muy distinto de que reciban una buena educación.
La imagen de bravucón de barrio que nos ha ofrecido por estos días el jefe de gobierno de la ciudad, elevando la voz y amenazando a jóvenes menores de edad, a sus familias y por extensión a toda la comunidad educativa, no puede ser real. La necedad que incluye su mensaje no puede atribuirse a su capacidad intelectual, sin caer en infamia hacia la persona. Es posible que el mismo sujeto, si no estuviera compitiendo con personas de su mismo espacio político que hacen de la represión la solución de todos los problemas sociales, tendría una actitud mucho más inteligente y lucida.
En un país como la Argentina, que ha atravesado la oscura noche del terrorismo de estado, este tipo de discursos que transforman en delito la protesta social llevan, antes o después, a la violencia política. No importa que se cuelguen bolsas mortuorias en la casa de gobierno, o que se instalen guillotinas, o que se enciendan antorchas tipo ku klux klan: eso sería libertad de expresión. Pero reclamar una feta más de fiambre en el sanguche, ¡ojito!, eso es punible y será castigado con todo el peso de la ley (que vaya a saber cuál es, ya que nuestra legislación reconoce el derecho a la protesta).
Pero, llegados a este punto, no se le puede dejar de reconocer el profesionalismo de nuestro jefe de gobierno. Como un buen actor, tiene conciencia de que se debe a su púbico, así el papel que le toque interpretar sea degradante.
Octubre de 2022. emiliopauselli@gmail.com