La nueva etapa democrática en América Latina ha generalizado la idea de que la legitimidad de estos gobiernos se debe a que representan la opinión de la mayoría de la población. Sin embargo, eso no siempre refleja la realidad.
Esto no debería sorprendernos. Si atendemos a la situación previa a las actuales democracias, signada por gobiernos dictatoriales en casi toda la región –Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia–, podremos ver que dicha etapa correspondió a la reubicación de la región dentro de los intereses económicos de las principales potencias mundiales, lo que sólo se pudo lograr aplicando altos niveles de violencia para imponer nuevos niveles de desigualdad y pobreza a nuestras sociedades.
Esas transformaciones previas no debían ser puestas en riesgo por las nuevas democracias y, para ello, se pensaron diversos mecanismos que pudieran controlar a esos gobiernos surgidos del voto popular. Algunos de esos mecanismos, como la posibilidad de remoción de las autoridades electas, ya se han aplicado en la región. Así fue desplazada Dilma Rousseff en Brasil o Pedro Castillo en Perú. También se utiliza, en el mismo sentido, la proscripción de candidatos que no garantizan totalmente el cuidado de los intereses de los grupos económicos dominantes, como el caso de Rafael Correa en Ecuador o Luis Inácio Lula Da Silva en Brasil en las elecciones de 2018.
En 2013 se dio un caso emblemático en Colombia a nivel de la alcaldía de Bogotá: el procurador general de la república, cargo administrativo, removió al alcalde de esa ciudad electo por los ciudadanos y lo inhibió para ejercer cargos públicos por 15 años. Dicho alcalde, luego de la revisión de tan desatinada resolución, es el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Esos mecanismos, sin embargo, terminan resultando un grosero desconocimiento de la democracia ya que unos pocos –jueces, parlamentarios o, en el ejemplo antedicho, un empleado– desconocen la voluntad de la mayoría de la sociedad o impiden que algún candidato pueda ser elegido por sus conciudadanos. Esas prácticas dan lugar a lo que se llama, en la jerga, “democracias débiles” y constituyen, sencillamente, acciones violatorias del espíritu democrático.
Pero existe otro reaseguro de los intereses de los grupos económicos dominantes que tiene todo el aspecto de respetar las reglas de la democracia, aunque da lugar a lo que llamamos “gobiernos de minorías”. Ese mecanismo se llama “segunda vuelta”.
En Argentina, tanto en el 2015 como en el 2023, a través de ese mecanismo accedió a la presidencia de la república el candidato de la segunda minoría electoral. El actual presidente obtuvo el 30 % de los votos contra el 36,8 de su contrincante.
En otros casos, a esos perdedores de las elecciones les faltaron décimas para concretar un gobierno de minoría. En Colombia, en el 2022, Petro obtuvo el 40,3 % de los votos contra el 28,2 de su inmediato perseguidor, pero accedió a la presidencia de la república a través de una segunda vuelta donde alcanzó un estrecho 50,4 %. También en el 2022 Lula obtiene en Brasil el 48,4 % de los votos, sin embargo, accede a la presidencia a través de una segunda vuelta donde alcanza el 50,9.
Esas segundas vueltas constituyen más un llamado a votar en contra de algo o de alguien que a pronunciarse a favor de una cierta idea de país o de sociedad. Infundir temor al electorado, bombardearlo con fake news, realizar grandes inversiones en los dispositivos tecnológicos de comunicación a favor de uno de los candidatos y en contra del otro, reemplazan toda discusión programática o ética que pudiera haber asomado en la primera vuelta electoral.
Claro que las segundas vueltas tienen sentido para dirimir algunas situaciones donde no queda establecida de manera clara la voluntad popular. Esto ocurrió en Perú en las presidenciales de 2021, donde los primeros cinco de los 17 candidatos presentados obtuvieron el 18,9, el 13,4, el 11,7, el 11,6 y el 9,1 % respectivamente. Igualmente, el ganador por escasísimo margen de esa segunda vuelta, Pedro Castillo, fue rápidamente removido antes de que vencieran las concesiones petroleras que ahora se renovarán nuevamente por treinta o cuarenta años en favor de empresas extranjeras.
Por estos días, en la región, nuevamente un pueblo se enfrenta a estos galimatías de las segundas vueltas. En las elecciones presidenciales de Uruguay el Frente Amplio acaba de obtener la victoria con el 46,1 % de los votos contra el 28,2 del Partido Nacional. Ahora comenzará, probablemente, una frenética campaña por convencer a una parte del pueblo uruguayo de que si Yamandú Orsi llega a ser electo presidente de la república, las siete plagas de Egipto más los rayos del apocalipsis caerán sobre el país. Será el regreso, como dice La Derecha Diario, del “tupamaraje violentista”. Todo vale para intentar tener un nuevo gobierno de minorías, esta vez a través del voto.
En fin, que nuestros pueblos deberán seguir creciendo en sabiduría para evitar las trampas de los dueños de nuestros países. En eso estamos desde la época de la colonia, no se confíen, ¡ya aprenderemos!
Noviembre de 2024. emiliopauselli@gmail.com