Es difícil explicar cómo, en la Argentina, en estos últimos dos años, obtienen aprobación legislativa proyectos que claramente van en contra de los intereses de las mayorías sociales que son, justamente, las que han votado a esos mismos legisladores.
Una de las causas está a la vista y tiene que ver con el avance electoral que ha conseguido la ultraderecha en los últimos dos años. Cualesquiera sean las causas a las que se quiera atribuir ese fenómeno, la realidad es que nunca antes, en democracia, los intereses del poder económico concentrado habían contado con esa representación parlamentaria.
Sin embargo, las cuentas no dan. Esas leyes, que transfieren derechos y recursos de toda la población al pequeño grupo de empresas y bancos que ya obtienen enormes ganancias en el país, y a los acreedores externos, serían imposibles de sancionar sin el apoyo legislativo de los representantes de otras vertientes políticas.
En orden de importancia habría que destacar el aporte de votos de los legisladores de un partido de centro derecha como el PRO, de la mayoría de los legisladores de un partido históricamente de centro como la UCR y de la colaboración de algunos legisladores del PJ que constituyen la principal oposición al gobierno actual.
Sería incompleto atribuir estas conductas políticas sólo a las prebendas que el propio poder ejecutivo reparte con profusión en forma de cargos en el gobierno y en el servicio exterior en forma pública, y probablemente también en dinero de manera privada.
La pregunta que queda en pie es cómo una persona que profesó, quizás durante buena parte de su vida, determinadas ideas, pasa de repente votar leyes o directamente a formar parte de otra coalición política que, en ocasiones, postula ideas absolutamente contrarias.
Claro que está permitido cambiar de ideas. Aunque las ideologías tienden a fijar una manera de ver el mundo, no es imposible, en principio, que diferentes eventos, lecturas o informaciones, motiven a ciertas personas a cambiar su manera de pensar. En ocasiones hasta puede ser considerado un proceso virtuoso.
Pero no es eso lo que parece ocurrir dentro del ambiente de los políticos profesionales. Ya esta propia denominación, “políticos profesionales”, nos da cierta pista al respecto. Desde el momento en que se es un profesional de la política, va de suyo que sus contratantes pueden ser diversos. Nadie cuestionaría a un ingeniero que ayer trabajó para la Ford que mañana acepte un contrato con la Toyota: está haciendo un uso legítimo de sus habilidades.
Claro que el caso también presenta algunas diferencias. El político concertó un contrato con la sociedad, por lo que muchas veces su cambio de escudería estará defraudando ese contrato. Faltar a ese compromiso ya no se asemeja al caso del ingeniero.
Pero el hecho de que el político sea un profesional tiene también otras implicancias, la primera de ellas es que cobra un sueldo por el trabajo que realiza, y eso a su vez desencadena otra serie de consecuencias: la familia cuenta con ese sueldo, lo necesita para pagar el colegio de sus hijos, para mantener su o sus automóviles, para irse de vacaciones. En resumen, el político profesional es un trabajador que depende de su sueldo para vivir.
Entonces, lo importante termina siendo “estar ahí”, estar cerca de donde se define el ingreso a los cargos que ocupan los políticos, ya sean electorales o administrativos. Termina no siendo tan importante si se trata de la Ford o de la Fiat, lo importante es tener trabajo. O alguien puede negarle el derecho a llevar el sustento para su familia, ¿eh?
Y no sueñe con la solución de que los políticos no cobren sueldo, eso ya se probó: de esa manera sólo podrían representar a la sociedad aquellas personas con la capacidad económica suficiente para poder vivir sin trabajar, una especie de democracia de los ricos.
¿Cómo? ¿No es esa la democracia actual? Aún no, pero vamos en camino.
Marzo de 2026. emiliopauselli@gmail.com