Argentina está viviendo, quizás sin saberlo, el final de cuarenta años de democracia.
Es cierto que bajo la denominación de democracia se inscriben regímenes con diferencias a veces notables. Algunos de los adjetivos que los identifican hablan de sistemas presidencialistas, otros de parlamentaristas, otros desdoblan las funciones ejecutivas entre un presidente y un primer ministro, algunos cuentan con institutos de ejercicio de la democracia más directos –como plebiscitos o referéndum vinculantes– y otros delegan todas las decisiones en sus representantes. Hasta existen monarquías que incluyen sistemas de gobierno considerados democráticos.
Pero lo que tienen en común todos ellos es el presupuesto de que los conflictos que surgen en la vida social encontrarán caminos para resolverse pacíficamente. Al pensar que “el pueblo es el que gobierna”, cualquiera sea el sistema por el que lo haga, no habría motivos para que algún sector apele a la violencia para imponer sus necesidades a los demás.
La Argentina ha vivido diversos períodos signados por la violencia política. Se puede, probablemente, indicar su inicio, en la historia moderna, en la Semana Trágica (1919), la Patagonia Rebelde (1922) y en el golpe de Estado militar que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen (1930), dando lugar al comienzo de lo que la historia llamó “la Década Infame”. Recuperada la democracia en 1945, los gobiernos de Juan Domingo Perón garantizaron una década de democracia, interrumpida nuevamente por otra asonada militar en 1955.
A continuación, instaurada una democracia limitada, con períodos donde estuvo proscripto el partido mayoritario, se sucedieron tres gobiernos electos derrocados violentamente por otros tantos golpes militares. Él último de ellos, que gobernó el país desde 1976 hasta 1983, instauró sistemáticamente el terrorismo de Estado como dispositivo para impedir la participación social.
En 1983 se abrió un nuevo proceso democrático en Argentina, del que acabamos de cumplir cuarenta años. Existieron, en sus inicios, conatos que intentaron reinstalar la violencia política como medio de resolver diferencias –levantamiento “carapintada” o intento de toma de La Tablada– pero fueron encauzados y resueltos, mejor o peor, por la democracia naciente.
Hoy, nuevamente, y desde un gobierno surgido del voto, se propone iniciar una nueva etapa de violencia política en Argentina. Como cortina de humo se promulga un llamado Protocolo Antipiquetes que prohíbe la protesta social en lugares públicos, pero esto es sólo la parte del iceberg que se ve. El fondo de la violencia política en el país siempre estuvo relacionado a la implementación de medidas dañinas para la inmensa mayoría de la sociedad. Como los trabajadores no aceptan de buen grado que el poder adquisitivo de sus salarios se reduzca a la mitad o las clases medias no se alegran al no poder pagar sus seguros de salud o la educación de sus hijos, la única forma de implementar esas medidas es violentamente.
El presidente electo es el primer impulsor de la violencia política: los legisladores que no aprueban sus decretos y leyes son “coimeros”, los que protestan por sus medidas “sufren el síndrome de Estocolmo”, los que promueven la justicia social “son ladrones”, los preocupados por la protección del medio ambiente “defienden la agenda socialista”. En fin, para cada pensamiento distinto al suyo, hay un epíteto y una amenaza. Tiene las mejores relaciones con legisladores que proponen “cárcel o bala” para los que se manifiesten en la calle. Festeja una inflación del 25 % mensual y dice que en el futuro va a ser peor. El catastrofismo es casi su única estrategia política.
Claro que no es este presidente ni su minoritaria fuerza política la que terminará con la democracia. Las causas, en este sentido, se han acumulado también durante estos cuarenta años, donde, entre otras cosas, la política se transformó en un negocio de familia, desaparecieron los partidos políticos como ámbito de debate y formación, y los dirigentes son elegidos por los propios dirigentes sin ninguna participación social.
El neoliberalismo gobernante no pretende resolver ninguno de estos problemas. En todo caso, sólo los aprovecha para justificar su agenda de la “antipolítica” en la medida en que ésta le permita defender los intereses de los grupos económicos concentrados, principalmente extranjeros, en detrimento de las condiciones de vida de la población y favoreciendo la entrega de los recursos del país.
El fin de la democracia conlleva el regreso de la violencia política. Se llama, eufemísticamente, la “paradoja de la democracia” al hecho de que fuerzas antidemocráticas puedan llegar a los gobiernos aprovechando de la democracia. Pero el tema es más simple y más complejo a la vez.
Más simple, porque se trata de la vieja historia de los intereses del privilegio contra los intereses de la mayoría de la sociedad. Más complejo, porque sólo con educación política se puede superar esta paradoja.
Pero, los beneficiarios de la ignorancia son muchos. Éste, quizás, sea el verdadero problema de la democracia.
Enero de 2024. emiliopauselli@gmail.com