La sopa ha sido uno de los alimentos principales en los últimos siglos, en especial para las familias humildes, ya que con unos pocos ingredientes que por separado no alcanzarían para calmar el hambre de nadie –unas pocas verduras y en el mejor de los casos algún hueso con restos de carne adheridos–, puestos a hervir en agua durante algún tiempo y con un agregado de sal, permite obtener un plato de comida más o menos nutritivo.
Claro que la reiteración de este plato, en ocasiones el único que visitaba la mesa familiar durante toda la semana, hacía que niños y adultos se aburrieran soberanamente de la monotonía de semejante menú. A los pequeños se les decía que los que no tomaban la sopa no iban a crecer, lo que era más una verdad social que biológica, mientras que los adultos acuñaron la expresión con que iniciamos estas líneas: “¿Otra vez sopa?”, queriendo decir que ya estamos aburridos de que ocurra siempre lo mismo.
Algo de esto está sucediendo con el sistema de Naciones Unidas. Creado después de la Segunda Guerra (1939-1945) con el objetivo de evitar nuevas conflagraciones mundiales, fue una instancia de negociación durante la guerra fría y un espacio donde los países se fueron pronunciando sobre temas como los derechos humanos, la discriminación por razones de género o raza, los derechos de los pueblos originarios y otros temas que podríamos señalar como de estricta justicia para garantizar la convivencia pacífica entre todos los seres humanos.
Claro que la ONU no se asemeja a un sistema democrático ni se acerca a ser una especie de gobierno mundial. En verdad, refleja la estructura de poder que heredó el mundo luego de la guerra mencionada y, si bien su Asamblea General puede expresar el consenso alcanzado por la mayoría de los países en diversos temas, la operatividad de esos acuerdos está limitada por el poder de veto que cinco potencias tienen en el Consejo de Seguridad: dos europeas, Francia y Gran Bretaña, una ex colonia europea, Estados Unidos, más Rusia y China.
Ejemplos de ese carácter declarativo y no operativo abundan, baste con mencionar las reiteradas condenas a la política expansionista de Israel que ha incumplido sin consecuencias durante décadas las resoluciones que obligan a ese Estado a devolver los territorios ocupados en 1967, o la prolongada y no resuelta situación del enclave colonial en las Islas Malvinas.
Pero eso no debe llevarnos a desconocer el poder simbólico que el sistema de Naciones Unidas representa. Tanto es así que los países allí reunidos, ante la proximidad del último milenio, acordaron una agenda denominada Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que debía eliminar la pobreza en el mundo para el año 2015.
Ante el evidente fracaso de esa agenda, los países consideraron apropiado darse quince años más para alcanzar esas metas, sintetizadas esta vez en los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), agenda más completa y precisa que la anterior, pero que se encamina a un nuevo fracaso: estando a tiro de piedra del 2030, resulta evidente que la mayoría de los resultados esperados no van a ocurrir.
Las causas no son muy difíciles de identificar: vivimos en una cultura donde la pobreza es una consecuencia directa de la manera de producir riqueza. Lo que llamamos, a falta de mejor nombre, capitalismo, es un modelo de competencia entre los seres humanos donde algunos pocos ganan y la mayoría pierde.
Sin embargo, muchos se consuelan manipulando las estadísticas. En el 2030, dicen, los pobres serán menos ya que 600 millones de chinos superarán la línea de pobreza. ¡Qué raro que justo China, país condenado por la supuesta falta de libertades, venga a salvar las fantasías occidentales! Pero eso es sólo una curiosidad, el tema de fondo es la definición de pobreza: se considera pobre al que cuenta con un ingreso menor a un dólar diario, o sea a 30 dólares mensuales o 365 dólares anuales.
Le vamos a dar a usted 30 dólares mensuales en Buenos Aires y ¡a vivir la vida! ¿Que alquilar una vivienda no? ¿Que una pieza tampoco? ¿Que para comer no alcanza? ¿Que de la salud, olvídese? Bueno, no me venga a decir a mí, vaya a quejarse a la ONU.
Por estos días, el gobierno de la Argentina ha votado en soledad en contra de dos declaraciones de la Asamblea General, la primera referida al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y la segunda a la protección de mujeres y niñas contra la violencia. Las razones argüidas resultaron inaceptables y la inmensa mayoría del arco político y social en la Argentina y en el mundo condenó ese voto negativo.
Sin embargo, voceros del gobierno siguen insistiendo en que ninguna declaración evita aquellos males a los que se refiere. ¿Cómo no estar de acuerdo con esta afirmación? La estrategia de la nueva ultraderecha no por repetida pierde eficacia: se señala que algo está mal o es ineficiente para legitimar acciones que, lejos de solucionar esos problemas, harán que todo esté peor.
Todo lo inteligente que se podía decir sobre el desatino del gobierno argentino en la ONU ya ha sido dicho. Sólo agregar el deseo de que no sea, una vez más, la ultraderecha la que señale lo que no funciona en el mundo actual mientras el progresismo queda mudo repitiendo verdades del pasado.
Así como la ONU significó un avance luego del fracaso de la Sociedad de las Naciones, creada esta última para “promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad”, un nuevo modelo de relaciones internacionales parece ser imprescindible. Más en momentos donde en el mundo corren vientos que nos pueden llevar a una nueva confrontación bélica, aquello que, justamente, la ONU, creada para “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”, debería evitar.
Noviembre de 2024. emiliopauselli@gmail.com