Así decía mi abuelo, quien creía que los pobres debíamos comprar buenos zapatos ya que los de mala calidad se rompían enseguida y no contábamos con dinero para volver a comprar. O, lo que es lo mismo, que terminaríamos gastando más comprando varios pares de mala calidad en lugar de uno que nos durara en el tiempo.
Por desgracia mi abuelo murió y no alcanzó a transmitir esa sabiduría a los funcionarios que gobiernan nuestros países en América Latina. Podríamos citar muchos ejemplos donde el “ahorro” en diversas inversiones necesarias para la vida en sociedad termina aumentando los gastos públicos de manera incontrolada, pero nos referiremos sólo a uno: el ahorro en vacunas.
La OMS viene alertando sobre la baja en la cobertura alcanzada por varias vacunas, lo que ha hecho, por ejemplo, que nuestra región haya dejado de ser considerada libre de sarampión, enfermedad mortal evitable con una vacuna de bajísimo costo y alta efectividad.
En esta situación influyen desde conductas individuales –personas que consideran estar haciendo uso de su libertad individual al no vacunarse, aunque de esa manera se expongan ellos mismos y expongan a otros al contagio de enfermedades evitables– hasta la causa más estructural de la disminución de los presupuestos en salud que afecta las redes humanas que hacen posible una alta cobertura de vacunación.
Detrás de consignas como “lograr el equilibrio fiscal” o “disminuir los empleos públicos que pagamos con nuestros impuestos”, se abre una inmensa puerta que da a la precariedad, al desamparo y, en el caso de la salud, a una vida mucho más riesgosa.
A esta onda expansiva que considera que todo gasto público debe ser eliminado o al menos reducido seriamente –excepción hecha, claro está, de los gastos en policías y pertrechos para reprimir la protesta social– se ha sumado en la región un nuevo intento de consecuencias imprevisibles: no vacunar a los inmigrantes indocumentados. Perú, Chile, Argentina, Colombia, entre otros, consideran factible extender esta práctica en nombre de una sana administración de los recursos públicos.
Los argumentos varían de acuerdo con el perfil de cada gobierno y van desde el “son muchos, no se puede” hasta el “están fuera de la ley, no se debe”. Ya se trate de abandonar o de castigar a estos seres humanos que, en la casi totalidad de los casos no se encuentran en condición de migrantes por propia elección sino por causas muy complejas como la falta de trabajo, el deseo de escapar de la pobreza, la inseguridad, los desastres naturales y otros, el efecto es deplorable para toda la sociedad: aumenta la circulación de enfermedades que podrían ser, y de hecho han sido durante muchos años, controladas eficazmente con vacunación.
Pero ¿por qué tiene el Estado que meterse en gasto con personas que no han nacido en el país?, se pregunta nuestro lector de todos los lunes. Apenas alcanza para nosotros y encima tenemos que darle a los demás, lo apoya su amiga de lectura. Que hagan una fila y expliquen por qué están sin documentos, insiste el primero. O mejor, agrega ella, a la que le gustan las soluciones definitivas: que se vuelvan a sus países y los vacunen allá.
Algunos creen que no vacunar a migrantes está defendiendo algún derecho de los nacionales; en verdad, esa conducta está reduciendo el derecho de los nacionales a tener una vida sana. El virus del sarampión, por ejemplo, es poco impresionable respecto de los documentos y las fronteras, mientras que resulta totalmente impotente frente a una vacuna administrada a tiempo.
¡No se deje engañar! La mayoría de las veces, ¡lo barato sale caro!
Diciembre de 2025. emiliopauselli@gmail.com