En la Argentina, periódicamente, algunos índices que informarían sobre diversas situaciones socioeconómicas caen en desgracia y comienzan a ser poco creíbles para gran una parte de la población. La explicación es muy sencilla: la información brindada por los organismos especializados deja de corresponderse con la percepción de una parte considerable de la ciudadanía.
Hace ya meses, en la Argentina, entraron en ese cono de sospechas los índices de inflación, de por si bastante altos –14,7 % en los primeros cinco meses del año–. Sin embargo, la pregunta de un ciudadano informado podría formularse de la siguiente manera: ¿cómo puede ser que, si en el periodo del actual gobierno, por ejemplo, la electricidad aumentó el 400 %, la carne vacuna el 500 %, el gas el 700 % y el transporte el 1.000 %, la inflación general haya sido tan sólo del 220 %? ¿En qué otros rubros de los 12 que integran la canasta del Índice de Precios al Consumidor –IPC– los precios se han mantenido o han bajado tanto como para compensar las subas señaladas?
Antes que nada, queremos llevar tranquilidad a nuestros lectores: probablemente no haya ningún genio malvado que mienta deliberadamente sobre los índices de inflación. Los mismos son calculados de acuerdo a estándares internacionales, recomendados por la OIT y la OCDE, e imaginamos que de manera operativamente confiable.
Sin embargo, la disparidad entre la percepción social y las estadísticas no es un fenómeno psicológico sino real. Esa discrepancia se origina en diversos niveles de desacople que se producen en el intento por representar una realidad compleja a través de números simples. Vamos a señalar tres de esos fenómenos.
El primero, y el más “técnico”, es cómo se define lo que consume una familia: los llamados “ponderadores” establecen el perfil de gastos –alimentación, servicios, educación, salud, etc.– representativos en un momento dado. La última actualización de los ponderadores en la Argentina se llevó a cabo en el año 2015 y más de una década después, década de profundos cambios sociales y políticos, con una pandemia de por medio, siguen siendo utilizados sin modificaciones. Esa base, probablemente, no represente fielmente la estructura actual del consumo promedio y eso explica, en parte, la falta de concordancia entre la vida cotidiana y la información estadística.
Un segundo nivel de desacople responde a la definición del objeto cuestionado, en este caso el índice de inflación. Tendemos a creer que esa información es un dato, cuando en realidad sólo se trata de una interpretación de datos. Los verdaderos datos son las respuestas brindadas por 500 supermercados, 16.200 negocios tradicionales y el Estado sobre la variación de precios al contado de 320.000 artículos y servicios brindados. De ahí en adelante, esos verdaderos datos son analizados a través de complejas fórmulas matemáticas de las que se espera den como resultado algo lo más aproximado posible a la realidad.
El tercer nivel de desacople entre información y percepción ya es de carácter más filosófico: ¿es posible realizar mediciones iguales en sociedades desiguales? Esta pregunta interroga no sólo ya sobre la composición del consumo sino sobre las condiciones de vida de los distintos grupos sociales, las necesidades o carencias que exhiben y las posibilidades con que cuentan para resolverlas y a qué precio.
El problema claro que no es solamente informativo: el índice de inflación se tiene en cuenta para las discusiones salariales, ajusta los haberes jubilatorios y es la base de indexación de diversos contratos.
Así que, lectores y lectoras, cuándo ustedes perciban que la inflación es más alta que la informada, no tengan dudas: se debe a que, efectivamente, es más alta.
Junio de 2026. emiliopauselli@gmail.com