No es noticia que en Latinoamérica muchos países atraviesan crónicamente dificultades económicas y que, ante esas dificultades, gobiernos de diversa orientación llevan adelante distintas estrategias.
En el caso de la Argentina, esos gobiernos se podrían dividir en pagadores de deuda y tomadores de deuda. Están entre los primeros aquellos denominados de manera un poco general “progresistas”, llamados también por sus detractores “populistas”. Entre los tomadores de deuda se destacan los gobiernos de derecha o extrema derecha, quienes contraen obligaciones que luego pagarán los otros.
Esta realidad parece estar compuesta por dos elementos distintos. El primero de ellos, las orientaciones de política interna. Mientras aquellos apuestan a la producción y al mejoramiento de la balanza comercial, los endeudadores llevan adelante políticas monetaristas que hace siempre necesario contar con nuevos créditos que garanticen la existencia de dólares para que los especuladores puedan realizar sus ganancias.
Pero el panorama sería incompleto si no tuviéramos en cuenta que los organismos multilaterales de crédito –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Centro Andino de Fomento y otros– tienen sus marcadas preferencias políticas.
Sin ningún rubor se manifiestan totalmente partidarios de los gobiernos de derecha y contrarios a cualquier otro tipo de gobierno que al menos declame que la sociedad tiene derechos que deben ser respetados. Estas preferencias hacen que pongan su capital al servicio del mantenimiento de los gobiernos amigos, ayudándolos sobre todo en períodos electorales a que logren una bonanza ficticia para así atraer la voluntad de los votantes.
En ocasiones, como es el caso de la Argentina, esos apoyos se imponen aun violando normas internas de los propios organismos de crédito. Así ocurrió cuando intentaron sostener a toda costa el gobierno de la alianza de derecha Cambiemos liderado por Mauricio Macri, del PRO. En esa ocasión, el FMI desembolsó el crédito más grande de su historia, 47 mil millones de dólares, sin respetar sus propias normas internas ni la legislación argentina. Esa vez salió mal, no alcanzó. A pesar de esa descomunal inyección de dólares otorgada a un deudor insolvente, el resultado electoral fue negativo.
Por estos días se repite la descarada injerencia en los asuntos internos de la Argentina, apoyando con 20 mil millones de dólares más al gobierno del presidente Milei, para ver si logra estabilizar la nave y ganar las elecciones de medio término. Pero en esta ocasión se agrega una desfachatez adicional: como los objetivos acordados para mediados de junio no se lograrán cumplir de ninguna manera, el FMI posterga esa revisión para el mes de julio.
El escándalo y la severidad de las medidas que rodean cualquier incumplimiento de un gobierno de otro signo político, se ignoran en esta oportunidad. ¿Eres insolvente? No importa, igual te doy dinero. ¿No cumples las condiciones que pactamos? No importa, ya veremos más adelante qué pasa.
Pero hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol. El poder financiero internacional apoya a aquellos gobiernos que le garantizan la obtención de ganancias en cada uno de sus países, transfiriendo recursos de la salud, la educación y la seguridad social a las arcas de los bancos respectivos.
Lo que llama la atención es que ninguno de los partidos políticos que se autodenominan de oposición diga nada el respecto, ni denuncien la inaceptable intromisión de los organismos financieros internacionales en los asuntos internos de la Argentina ni planteen en sus programas la revisión integral de una deuda destinada sólo a favorecer a los grupos políticos afines.
Y quizás no sea tan raro, entonces, que una parte de la ciudadanía ya no quiera volver a votar a los que nos trajeron hasta aquí y opte por quedarse en su casa.
Junio de 2025. emiliopauselli@gmail.com