Por estos días, se suele calificar a la nueva derecha internacional de ser “antiderechos”. Esa afirmación parece encontrar abundante base empírica, desde el momento en que se arrasa con derechos que, en algunos casos desde hace un siglo y en otros de manera más reciente, han conquistado las sociedades humanas.
Dentro de los derechos conculcados se hallan muchos derechos del trabajo, de la educación y la salud, de la vejez digna, de la protección a los discapacitados, de la igualdad de géneros, de la inmigración y así de seguido. Con el argumento de que no se dispondrían de recursos para sostener esas conquistas de la humanidad –difícil de creer ya que constituimos una de las civilizaciones más ricas de la historia–, se van eliminando de las legislaciones aquellas normativas que favorecían a las mayorías sociales.
Sin embargo, parece poco creíble que esta nueva corriente política, a la que algunos no dudan en tildar de neofascista, tenga como objetivo privar a otros de derechos sólo por una cuestión ideológica. La mentada “batalla cultural” es, en última instancia, una batalla por derechos.
Se puede aclarar en parte este equívoco si lo pensamos desde otro punto de vista: los denominados “antiderechos”, en verdad, lo que están proponiendo es la existencia de otros derechos, distintos a los que se han ido imponiendo desde mediados del siglo XX en adelante.
Para tomar un ejemplo, los derechos del trabajo han ido evolucionando en dirección a lo que la OIT dio en llamar el “trabajo decente”, que en su propia definición expresa: “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.
Las nuevas legislaciones laborales que se impulsan en algunos países, que amplían la jornada de trabajo, limitan las prestaciones de los seguros sociales, reducen o eliminan las indemnizaciones por despido, legalizan el trabajo precario, tienen como objetivo ampliar los derechos de los empleadores. En ese sentido podrían ser calificadas como “pro derechos”, pero no de los trabajadores.
Cuando se decide reducir la parte del presupuesto destinado a garantizar una vida digna para los ancianos, condenándolos a la miseria y la indigencia, se están defendiendo los derechos de las minorías que deberían pagar más impuestos de acuerdo a sus ingresos, eximiéndolos de esa responsabilidad social.
Nadie está en contra de los derechos, lo que está en discusión es los derechos de quién. Las leyes consagran derechos en la medida en que el Estado tiene la fuerza suficiente para hacerlas cumplir. En un caso se trata de hacer cumplir leyes que protegen a los trabajadores, en otro, de leyes que protegen a los empleadores.
Quizás salir de este equívoco, de que las nuevas corrientes de la derecha internacional están en contra de los derechos, nos permita volver a pensar el mundo actual desde otra perspectiva, al menos en América Latina. En décadas pasadas defender los derechos de las minorías obligaba a dar golpes de Estado, proscribir fuerzas políticas o directamente hacer fraude en los procesos electorales. Actualmente, se conforman ocasionalmente mayorías sociales que votan a aquellos representantes de las minorías que les quitarán derechos.
La batalla cultural no es por tener o no tener derechos, sino por dilucidar los derechos de quiénes serán más valiosos para vivir en una mejor sociedad.
Febrero de 2026. emiliopauselli@gmail.com