Así denominó algún sociólogo las transformaciones que venían sufriendo los Estados a medida que se imponía como ideología dominante el neoliberalismo en el mundo. Eso no puede ser más exacto para el caso de la Argentina: desde la recuperación de la democracia, hace cuarenta años, los distintos gobiernos, con mayor o menor eficacia, han tenido a la sociedad y la satisfacción de sus necesidades como el eje de sus acciones, ya sea por una preocupación ética o más no sea para garantizar la gobernabilidad que les permitiera seguir adelante con sus negocios.
Así se sucedieron gobiernos de distinto signo ideológico, principalmente radicales y peronistas, que solos o con distintos aliados, intentaron dar respuesta a los problemas heredados y a los nuevos desafíos de un mundo cambiante.
La primera prueba fue sorteada con éxito: cómo volver a la normalidad social después de la experiencia del terrorismo de Estado. El juicio a las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y1983, y los juicios por la verdad y la justicia que le siguieron, representaron, en contenido y en forma, una condena a esas prácticas que dejaron decenas de miles de torturados, muertos y desaparecidos en Argentina.
A la hora de hacer frente a los desafíos económicos la democracia respondió a algunas de las expectativas y no respondió a otras. La falta de trabajo, la inflación, el endeudamiento externo y los efectos de las crisis financieras internacionales fueron sus principales desafíos. La principal cuenta pendiente es remontar la pobreza por ingresos, la que, si bien ha mejorado durante algunos períodos, no alcanza a constituir una tendencia firme.
Esa situación opaca otros aspectos donde la democracia ha sido realmente efectiva, como, por ejemplo, en la disminución permanente el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) a partir de la mejora de la vivienda y la extensión de servicios educativos y de salud.
A su vez, desde el punto de vista de la medición multidimensional de la pobreza, los 40 años de democracia también han representado avances en diversos derechos, como los de la niñez y de las mujeres, y también en el reconocimiento de derechos a diversas minorías.
Pero ahora la situación ha cambiado: en la víspera de medidas que favorecen claramente a los grandes grupos económicos en detrimento de los sectores medios de la sociedad y de los derechos de los trabajadores, se anuncia un protocolo de seguridad que hace casi imposible la protesta social. Las personas que realicen algún reclamo público perderán cualquier beneficio que estén recibiendo del Estado. A su vez, las organizaciones que convoquen a esas protestas serán responsabilizadas penalmente y se les transferirá el costo de los operativos policiales que el gobierno estime necesarios para “controlar” esas manifestaciones.
A pocos días de asumido el nuevo gobierno ya se pusieron en marcha esas nuevas prácticas. Centenares de policías salieron a la calle, subieron a los colectivos y trenes, filmaron a las personas que en ellos viajaban y requirieron explicaciones sobre a dónde se dirigían. Los más viejos pudimos recordar esas mismas prácticas llevadas a cabo por la última dictadura militar. El reconocimiento facial, hoy perfeccionado gracias a las nuevas tecnologías, vuelve a ser la base para identificar a líderes y activistas sociales que, de esa manera, pueden ser “marcados” y “seguidos” para evitar el ejercicio de sus libertades políticas.
La búsqueda de la gobernabilidad no se asienta ya en incidir positivamente en la vida social, sino en reprimir cualquier atisbo de resistencia a políticas que serán francamente desfavorables para las mayorías, aún para aquellos que, por diversas razones, han constituido el caudal electoral que ha llevado a estos grupos al gobierno.
Queda ver cómo reaccionan el poder legislativo y el poder judicial ante semejante giro de los acontecimientos. Las perspectivas no son muy halagüeñas: hace pocos años, y ante un gobierno del mismo signo ideológico que el actual, la mayoría de los legisladores aprobaron leyes antipopulares, como la de reforma jubilatoria, y los jueces, salvo honrosas excepciones, no hicieron caso de flagrantes violaciones a la ley, como la manera en la que se tomó una colosal deuda externa que durante muchas décadas afligirá a nuestros hijos y nietos.
Todo lo que comienza, tiene un final. ¿Será éste el final de los últimos cuarenta años de democracia en la Argentina? ¿Podrá el odio al “populismo”, a los “planeros” y a los que manifiestan en la calle lograr ese objetivo? Claro que, planteado así, parece quizás exagerado, pero conviene siempre recordar las sabias palabras de Bertolt Bretch: “Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Mas tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.
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