En estos días, en los que se tramita en la legislatura diversos pedidos de juicio político a los cuatro integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta, lejos de sentirse ofendida, brinda generosamente una nueva clase de historia para las jóvenes generaciones.
Mientras los legisladores tratan de sustanciar dicho juicio, otros sugieren al presidente de la Argentina que modifique la composición de ese máximo tribunal dotándolo de representantes de todas las provincias, estableciendo así cierta concordancia con la existencia de un país federal, e incluyendo mujeres, alejando las fundadas sospechas de que esos cuatro varones imprimen un sesgo de género a muchas de sus decisiones.
En la escuela estudiamos las guerras internas sucedidas después de la independencia de España. Se formaron ejércitos y se enfrentaron en guerras fratricidas grupos que defendían distintos intereses. Una de las divergencias que los enfrentó, por ejemplo, se refería al control del puerto de Buenos Aires.
Para hacernos recordar aquellas épocas, la Corte Suprema actual obliga al gobierno nacional a asignar, en este caso ya no a la provincia de Buenos Aires sino a la ciudad autónoma que lleva el mismo nombre, fondos adicionales que deben ser restados de lo que perciben el resto de las provincias.
Se reedita, así, la vieja antinomia Interior vs Capital. Como resume la sabiduría popular, “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”. Ese enfrentamiento fue adquiriendo un carácter geográfico y casi étnico, constituyendo al “porteño” como el responsable de todos los males del país. Ha servido también para cubrir con un manto de invisibilidad a las oligarquías locales, quienes podían exculparse de sus responsabilidades en la construcción de sociedades basadas en el privilegio, teniendo a alguien lejano a quien echarle la culpa de las consecuencias.
Claro que la historia no resiste esa simplificación. El principal genocidio de pueblos originarios en Argentina lo encabezó, en el siglo XIX, un tucumano, y el que en el siglo XX llevó al país a someterse a las nuevas condiciones del capital financiero introduciendo la pobreza en nuestros hogares, fue un riojano. El rubio que contrajo la deuda externa más grande de la historia, no para hacer ninguna obra sino para fugarla, ni siquiera nació en Buenos Aires sino en una ciudad bonaerense del interior.
Esta propia Corte Suprema, que ordena desviar fondos para favorecer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está constituida por un solo porteño, un cordobés y dos santafesinos. Como se verá, no es fácil de sostener la explicación de que los males del país resultarían de la actividad de “los porteños taimados” en contra de “los inocentes provincianos”.
Las cosas, a veces, son más sencillas de lo que parecen: la Corte Suprema de la Argentina, a tenor de los fallos que produce desde hace años, lo que defiende sistemáticamente son los intereses de los grandes grupos económicos, relativiza los derechos laborales y se pronuncia a favor de reducir las penas de los condenados por delitos contra los derechos humanos.
En esta coyuntura, lo que la Corte trata es de apoyar con más recursos al grupo político que gobierna en la Ciudad Autónoma, también afín a los intereses de esos grupos concentrados, con la esperanza de que, si logran triunfar en las próximas elecciones presidenciales, podrán servir mejor a sus mandantes.
Quizás el verdadero enfrentamiento que vivimos en la Argentina y en la región sea entre los poderosos para los que nuestros países representan excelentes oportunidades de negocios, y sus poblaciones, que son quienes pagan las consecuencias de esos mismos negocios, independientemente de dónde vivan.
Si a través de los mecanismos institucionales previstos se lograra modificar la composición de esta Corte, se abriría la posibilidad de contar con un sistema de justicia que atienda en mayor medida las necesidades de la sociedad. Si no se lograra, seguirán esos cuatro señores repartiendo beneficios para veinticinco familias y llamando a esa actividad “impartir justicia”.
Sólo basta ver quiénes les expresan su apoyo: se tratan siempre de grupos económicos altamente concentrados y de sus representantes políticos, quienes quieren hacer creer que, si se acaba la impunidad para sus acciones, se estaría faltando a la justicia.
¿Que usted coincide pero siente que esto nada tiene que ver con su vida cotidiana? No lo crea: usted se cruza con estos cuatro señores cada vez que va al supermercado o paga los aumentos de su seguro médico o de la telefonía celular. Y también se cruzarán con ellos sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, cuando paguen, día a día, las deudas nunca investigadas contraídas por sus protegidos, durante los próximos cien años.
Hasta en esto hacen historia, recordando que el empréstito tomado con la Baring Brothers en 1826 se terminó de pagar recién en 1904, ochenta años después.
Febrero, 2023.
emiliopauselli@gmail.com