Mientras el repartidor de Glovo informaba que había sido atropellado por un auto, desde la empresa le preguntaban cuál era el estado de la mercadería que tenía que entregar. Como para todo hay un procedimiento, le solicitaron además que les envíe una foto del estado del pedido, para evaluar si había que reponerlo o aún podía ser entregado. El trabajador no pudo cumplir con el requisito ya que no se podía levantar.
Cuando en abril un repartidor de Rappi murió atropellado por un camión, la empresa indicó que no estaba entregando un pedido en ese momento. Los testigos indican que su celular sonaba reiteradamente recibiendo pedidos de entrega a través de esa plataforma.
Nada de eso fue noticia: siendo tantos en el mundo, qué más da una vida más o una vida menos. Pero cuando ayer el juez Gallardo dictaminó la suspensión de los servicios de Glovo, Rappi y Pedidos Ya hasta que esas empresas cumplan con la legislación vigente en materia laboral y de seguridad, los diarios y los canales de televisión estallaron hablando de la libertad de trabajo.
En un país como la Argentina, donde el desempleo asciende sin freno desde hace años y la pobreza está en niveles record, ¿cómo se le puede prohibir a la gente que arriesgue la vida para ganarse un mango honestamente? Esa es la lógica de los que consideran que el juez ha tomado una medida poco menos que desaforada. El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires criticó al juez argumentando que esas empresas están legalmente constituidas y dan trabajo.
Sobrevivir en las sociedades actuales es difícil. La acumulación de riqueza en pocas manos y el empobrecimiento generalizado de la población provoca fenómenos sociales de signo negativo. Parece razonable poner en juego la vida arriba de una bicicleta o una moto con tal de obtener algún tipo de remuneración que, de otra manera, no es fácil de alcanzar.
Estas llamadas “nuevas oportunidades de trabajo” generadas por la tecnología sólo son una apariencia de creación de trabajo. En términos reales, lo que producen es la destrucción de puestos de trabajo de mayor calidad y los reemplazan por puestos de trabajo precarios. Sin aportes previsionales, sin seguro, sin ropa de trabajo, sin obra social, estos trabajadores resultan, efectivamente, mucho más baratos.
Con el aval de los gobernantes, las plataformas mencionadas declaran que seguirán normalmente con sus operaciones. Es una reacción coherente: la base del negocio es sustraerse a todo tipo de norma legal, más si se trata de una tan desatinada que obliga a declarar quienes son sus trabajadores y a cumplir respecto a ellos lo que las leyes del trabajo indican.
No hace falta haber estudiado mucha sociología ni ciencias políticas ni derecho para entender cómo funciona nuestra cultura: por entregar rápido una pizza, bien vale jugarse la vida.
Agosto, 2019