Las emergencias y las crisis son buenas oportunidades para revisar el mundo donde vivimos. Esos momentos, probablemente, nos muestran que las cosas no estaban tan bien como creíamos, o al menos como creía una parte mayoritaria de la sociedad.
En la Argentina de los últimos años esos eventos se produjeron en el cambio de siglo, la llamada crisis del 2001; con los coletazos de la crisis financiera mundial del 2008 y, actualmente, con los efectos que la pandemia COVID-19 tiene sobre una humanidad empobrecida.
Claro que en los años previos al 2001 y en los años entre crisis, una parte importante de la población fue quedando relegada en sus aspiraciones de mejora social, salvo en el breve período que va del 2005 al 2007. Las crisis no constituyen, así, la ruptura de una normalidad social y económica, sino que, por el contrario, marcan el punto donde todas las disfuncionalidades acumuladas hacen eclosión, más allá de que el detonante sea un virus o una crisis bancaria.
En todas esas oportunidades, en la Argentina, se crearon nuevos programas sociales.
En el 2001 se implementó el primer programa de transferencia de ingresos que alcanzó una cobertura relevante en términos de población, como fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
En el segundo se implementó la Asignación Universal por Hijo (2009), con el mérito de intentar transformarse en una política de Estado y con el defecto de caracterizar como universal un ingreso destinado a personas pobres. La AUH recogió a parte de la población carenciada luego del desarmado del Plan Jefes y Jefas y del fracaso del Plan Manos a la Obra.
En la actual crisis se han implementado transferencias como el Ingreso Familiar de Emergencia -IFE- y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP- destinado al pago de salarios.
Esta asistencia a los más afectados por las crisis también justificó la percepción de nuevos recursos por parte del Estado. En el 2001 se instalaron las retenciones a las exportaciones agropecuarias, uno de los sectores, no el único, con capacidad económica contributiva; mientras que actualmente está en danza el estudio de un impuesto a la riqueza, también llamado aporte solidario.
En todos los casos, el aporte de los segmentos más beneficiados por el orden social y económico se presenta como algo extraordinario, momentáneo, hasta salir de la “crisis”. La política resigna su función orientadora del debate social y acepta la fábula del mérito como justificación de las desigualdades obscenas que exhiben nuestras sociedades contemporáneas.
Algunos lo hacen porque son beneficiarios de esa fábula, otros porque entienden que mostrar la realidad tal cual es les restaría el apoyo de una sociedad donde el discurso del mérito penetró en profundidad.
Claro que esa limitación luego se revierte negativamente sobre la necesidad de producir cambios sociales positivos. Si se ha argumentado que las retenciones a las exportaciones agropecuarias era una medida para enfrentar la emergencia y no un derecho del pueblo argentino como compensación por la explotación privada de su territorio, cuando se anuncia que la crisis ha sido superada se deslegitima su percepción. Si la actual intención de algunos sectores de proponer un impuesto a la riqueza tiene como argumento las necesidades fiscales creadas por la pandemia y no un elemental acto de justicia para vivir en sociedad, claro está que dicho tributo dejará de ser legítimo cuando ésta finalice.
Se puede pensar, y algunos efectivamente así lo piensan, que el realismo político impide avanzar en medidas más estructurales que mitiguen, así sea en parte, las desigualdades entre los seres humanos. De ser así, y no decimos que no lo sea, salir de esta crisis sólo será el inicio del camino para llegar hasta la próxima.
Y no nos referimos solo a las crisis financieras, las sanitarias o las ecológicas; a las guerras, a la discriminación racial o religiosa. Nos referimos también al costo que tiene para nuestras sociedades la alternancia entre gobiernos populares y gobiernos de derecha, donde éstos saquean los recursos, endeudan a nuestros países y dan por tierra con los pequeños equilibrios alcanzados durante aquellos.
Habría que pensar qué parte le corresponde a este realismo político en esta alternancia, ya que la realidad también es que, más allá de los programas y las políticas sociales, la desigualdad entre las personas sigue aumentando de manera permanente.
Nos da vergüenza, o nos parece inoportuno, hablar de que nuestra civilización ha llegado a un callejón sin salida. Desde que la automatización permite la generación de bienes y servicios con el concurso de cada vez menos personas, la mayoría de la humanidad queda excluida no sólo de la posibilidad de disfrutar del mundo, sino también de hacerlo.
En la perversión de nuestro actual sistema de vida, donde el consumo ─o sea, la aniquilación del recurso─ aumenta el PBI y la creación de riqueza ─por ejemplo, la salud pública─ lo disminuye, tenemos pocas posibilidades de vivir mejor si no encontramos los caminos para producir cambios culturales de importancia.
Y el cambio cultural que imaginamos es aquel que transforme la desigualdad creciente entre los seres humanos en algo intolerable, como ya lo es, actualmente, la esclavitud o el racismo, instituciones que otrora también fueron mayoritariamente aceptadas.
Emilio Pauselli, Julio 2020
emiliopauselli@gmail.com